Examinando por Autor "Cahuaya Tintaya, Midwar Gustavo"

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    Thesis
    Responsabilidad Penal de las personas jurídicas por la comisión de delitos contra la administración pública en el marco de las contrataciones con el Estado, 2024
    Cahuaya Tintaya, Midwar Gustavo; Quintanilla Chacón, Manuel León , 2025-12-05 - (Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP)
    El presente trabajo tiene como materia de investigación estudiar la problemática de la naturaleza jurídica de atribución de Responsabilidad Penal a las personas jurídicas por la comisión de delitos contra la administración pública en el marco de las contrataciones con el Estado, 2024, teniendo como pregunta general ¿Cuál es la naturaleza jurídica de atribución de Responsabilidad Penal a las personas jurídicas por la comisión de delitos contra la administración pública en el marco de las contrataciones con el Estado? , por lo que el objetivo general fue determinar la naturaleza jurídica de atribución de Responsabilidad Penal a las personas jurídicas por la comisión de delitos contra la administración pública en el marco de las contrataciones con el Estado, 2024. La metodología fue de tipo básica, diseño teoría fundamentada, nivel descriptivo analítico, enfoque cualitativo, los métodos usados fueron dogmático jurídico y argumentación jurídica, para ello la población estuvo constituida por 9 operadores del derecho, como técnica para el acopio de datos se empleó el análisis documental, y su instrumento la guía de entrevista. arribando a la conclusión de que sí es atribuible la responsabilidad penal de las personas jurídicas por la comisión de delitos contra la administración pública en el marco de las contrataciones con el Estado, además con ello se busca responsabilizar a las empresas por sus acciones, promover la transparencia y legalidad en las contrataciones públicas, por lo cual la responsabilidad penal de las personas jurídicas en delitos contra la administración pública radica en su carácter autónomo, preventivo y sancionador, protegiendo así los bienes jurídicos colectivos y garantizar la transparencia en las contrataciones públicas.