Abstract:
La investigación versa sobre los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 20-2015-PI/TC, publicada el 26/04/2019, mediante el cual se declaró la inconstitucionalidad del artículo 46 de la Ley 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Esta norma contenía el catálogo de infracciones por las cuales fueron sancionados varios servidores públicos a nivel nacional, los mismos que empezaron a cuestionar sus sanciones, pues señalaban que no era posible que hayan sido sancionados con una norma inconstitucional. Ante esta problemática, el objetivo general de la investigación es determinar la legalidad y eficacia de las sanciones interpuestas por la Contraloría a los servidores y/o funcionarios públicos en el año 2019; los objetivos específicos son: a) Precisar los alcances en el tiempo de la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 46° de la Ley 27785, y b) Identificar si los criterios empleados por los juzgados civiles de Puno son los correctos frente a los cuestionamientos de las sanciones en un PCA. La metodología de la presente investigación parte desde un enfoque cualitativo, aplicando el método dogmático jurídico y la observación documental, para ello se utilizó la técnica de estudio de casos, teniendo como instrumentos a la ficha bibliográfica, guía de observación y fichas de análisis de contenidos. Finalmente, se arribaron a las siguientes conclusiones: 1. Las sanciones interpuestas por la Contraloría antes de la inconstitucionalidad del art. 46 de la Ley 27785, son legales más no eficaces; 2. Las sanciones que quedaron firme antes del 27 de abril de 2019, no pueden ser reabiertos o cuestionados al amparo del art. 82 del NCPC. En cambio, aquellas sanciones que fueron impugnadas vía PCA, antes de la decisión del TC, y que la fecha no se haya emitido una sentencia, deben declararse nulas e ineficaces por la expulsión del art. 46 de la Ley 27785 del ordenamiento jurídico. De otro lado, las sanciones impuestas antes de la decisión del TC e impugnadas posteriormente dentro del plazo de Ley (3 meses), deben ser declaradas nulas e ineficaces.
